Desde su celda, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, solicitó ampliar su declaración informativa en el caso sobre la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024. Además, pidió una audiencia personal con el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ya sea en el calabozo o en otro espacio del recinto penitenciario, para “informarle personalmente sobre otros aspectos de fondo” relacionados con su proceso judicial.
En una carta enviada a Mariaca, Zúñiga denunció que el Ministerio Público vulneró su derecho al debido proceso al impedirle declarar pese a existir tres notificaciones válidas emitidas por la Fiscalía.
“Esta negativa constituye una flagrante violación al principio constitucional del debido proceso, consagrado tanto en la Constitución Política del Estado como en los convenios internacionales de derechos humanos”, señala el exjefe militar.
El caso: la toma de la plaza Murillo
El 26 de junio de 2024, aproximadamente a las 14:30, tanquetas y soldados del Ejército, bajo el mando de Zúñiga y del entonces comandante de la Armada, Juan Arnez, irrumpieron en la plaza Murillo por sus cuatro esquinas. Zúñiga ordenó forzar la entrada del Palacio de Gobierno con una tanqueta y, ante medios de comunicación, declaró: “Estamos molestos por el ultraje. Ya basta, pronto habrá un cambio de Gabinete”.
Poco después fue aprehendido, y al momento de su captura sugirió que se trataba de un “autogolpe”.
Críticas al proceso y denuncia de narrativa oficial
El 26 de junio de este año, al cumplirse un año del suceso, Zúñiga arremetió nuevamente contra el Gobierno, afirmando que la versión oficial de un intento de golpe de Estado es una “falsa narrativa” que se desmorona.
Según el excomandante, pese a su disposición expresa para declarar, el Régimen Penitenciario y el Ministerio Público le impidieron comparecer, lo que —afirma— provocó que se agotara el plazo de la fase investigativa sin que pudiera ejercer su derecho a la defensa.
“La dilación intencional no solo me perjudica legalmente, sino que revela una actuación incompatible con los principios de objetividad y legalidad que deben guiar al Ministerio Público”, remarcó.
Finalmente, solicitó una audiencia directa con el Fiscal General, alegando la gravedad de los hechos y la naturaleza política del proceso judicial en su contra.