El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el gobierno municipal, con el objetivo de anular las leyes santuario que protegen a la población inmigrante. La administración federal sostiene que estas normas representan una “discriminación” contra las fuerzas de seguridad y agencias migratorias federales.
La demanda fue ingresada ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California y señala que la ciudad ha obstaculizado los esfuerzos del gobierno para aplicar la legislación migratoria vigente. En el documento se argumenta que Estados Unidos atraviesa una “crisis de inmigración ilegal”, y que el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, fue reelegido con el compromiso de endurecer las políticas migratorias.
Acusan a Los Ángeles de “desobediencia legal”
“Las ciudades santuario, como la de Los Ángeles, se niegan a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se les requiere”, señala el texto de la demanda, que califica esta conducta como una forma de “confrontación directa”.
El Departamento de Justicia también vincula la falta de cooperación con episodios recientes de violencia. Según la demanda, más de 1.600 inmigrantes fueron detenidos en redadas durante el último mes, lo que habría generado protestas, saqueos y actos vandálicos. La gravedad de la situación habría llevado al despliegue de la Guardia Nacional de California y de unidades del Cuerpo de Marines para controlar el orden público.
La fiscal general Pam Bondi responsabilizó directamente a las políticas locales:
“Las jurisdicciones como Los Ángeles que desprecian la ley federal y dan prioridad a los extranjeros ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses están perjudicando a las fuerzas de seguridad a todos los niveles”.
Respuesta desde Los Ángeles: clima de miedo y posibles contrademandas
Hasta el momento, la alcaldesa Karen Bass no ha emitido una declaración formal sobre la demanda, aunque en intervenciones recientes ha denunciado el “clima de miedo” generado por las redadas migratorias en espacios públicos como iglesias, centros comerciales y parques.
“Esta era una ciudad pacífica hasta que aparecieron los agentes federales. Si quieren destruir la economía de Los Ángeles, entonces ataquen a su población inmigrante”, señaló Bass.
Algunos funcionarios del gobierno angelino barajan la posibilidad de contraatacar legalmente al Ejecutivo, argumentando que las acciones de las agencias federales violan derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la protección contra registros arbitrarios.
La demanda federal abre un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Blanca y las denominadas “ciudades santuario”, que han buscado proteger a sus comunidades migrantes de la política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.