La Fiscalía investiga patrimonios económicos no justificados del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y de otros dos funcionarios de la estatal, en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que Flores fue aprehendido la tarde del martes en el domicilio de su cuñado, donde además se secuestró documentación relacionada con el caso. Posteriormente, fue conducido al Ministerio Público para declarar, aunque se acogió a su derecho de guardar silencio.
De acuerdo con la investigación, entre 2022 y 2025 Flores percibió un salario acumulado de Bs 700.000, pero se identificó un excedente de Bs 209.150 no justificado, con depósitos realizados presuntamente por otros funcionarios de Emapa. En su contra se investigan los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
Junto al exejecutivo, también fueron aprehendidos Daniela Elena A., fiscal de obras civiles de Emapa, y Marvel Javier V. O., exgerente financiero.
En el caso de Daniela Elena A., la Fiscalía detectó un incremento patrimonial de Bs 61.290 y depósitos irregulares en sus cuentas por parte de funcionarios públicos. Además, emitió informes sobre contratos modificatorios de la planta sin realizar observaciones, lo que derivó en que sea imputada por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Marvel Javier V. O. presenta un patrimonio no justificado de Bs 1.400.900. La investigación reveló que poseía cuatro vehículos, uno de ellos pagado totalmente en efectivo, pese a ocupar el cargo de jefe financiero por períodos discontinuos. También se lo procesa por enriquecimiento ilícito.
El caso se origina en la adjudicación realizada el 9 de noviembre de 2022 a la empresa Piloto SRL y Asociados para la construcción de la Planta de Transformación y Centro de Acopio de Papa en El Alto. Durante la obra se firmaron dos contratos modificatorios que, según la Fiscalía, vulneraron la normativa al incluir incrementos y cambios de precios unitarios sin justificación técnica adecuada.
Las investigaciones establecen que la planta operó parcialmente entre enero y julio de 2025, con alrededor de 36 días de producción de papa y 50 días de puré de papa, pese a contar con entre 63 y 64 trabajadores asalariados financiados con recursos públicos.
Asimismo, se detectó que la construcción se levantó en un terreno de 2,5 hectáreas cedido mediante convenio por la Alcaldía de El Alto, pero cuyo derecho propietario nunca fue consolidado por Emapa, lo que significa que la planta se edificó sobre un predio ajeno.