La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que solicita que el proyecto de Ley 547, que busca diferir nuevamente el pago de cuotas de créditos para vivienda social y micro y pequeñas empresas, sea tratado por la siguiente gestión de gobierno, al considerar que representa un riesgo para la estabilidad financiera del país.
La CEPB argumenta que cualquier disposición que involucre al sistema financiero debe ser “discutida y definida por la próxima administración, sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”.
El proyecto de ley fue aprobado el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado para su tratamiento. Según el sector empresarial, esta normativa podría afectar especialmente a las entidades de microcrédito, que en muchos casos verían comprometido más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría “al borde de la suspensión de sus actividades”.
El comunicado advierte que la medida “pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional”, comprometiendo también el ahorro de personas naturales y jurídicas, la liquidez de las entidades financieras, así como la capacidad de otorgar nuevos préstamos.
La CEPB considera que el diferimiento fue “impuesto verticalmente y sin consenso con los actores económicos directamente involucrados”, y lo califica como “una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía”, generando distorsiones entre ahorristas, prestatarios y entidades financieras.
Si bien reconoce las dificultades que atraviesan familias y unidades económicas, el sector empresarial enfatiza que la crisis debe enfrentarse con “políticas estructurales y coherentes, no con medidas improvisadas e inconsistentes que profundizan la incertidumbre”.
Por su parte, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de su directora Ivette Espinoza, sostuvo recientemente que el diferimiento alcanzaría al 47% del total de la cartera, es decir, unos Bs 105.575 millones, cifra que, según la entidad, no compromete la estabilidad del sistema.