La investigación sobre el ataque armado en Llallagua, que dejó como saldo tres policías muertos, ha revelado nuevas conexiones con el narcotráfico. El presunto francotirador y principal acusado, Galo Jorge Chiri, es señalado como propietario de múltiples carpas solares utilizadas para el cultivo ilegal de marihuana en el norte de Potosí.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que Chiri generaba hasta Bs 200.000 mensuales por estas actividades ilícitas. “El autor del asesinato es, entre comillas, propietario de un número de carpas que le permitían recaudar mensualmente 200.000 bolivianos”, sostuvo.
Narcotráfico y financiamiento de movilizaciones
Aguilera no descartó que los recursos provenientes del narcotráfico hayan sido utilizados para financiar movilizaciones sociales, algunas de las cuales derivaron en el trágico desenlace con la muerte de efectivos policiales y un civil.
Chiri fue capturado y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro. Las autoridades lo consideran una pieza clave para desmantelar una red criminal que operaba en el área andina del país.
63 viveros incinerados
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que Chiri figura como propietario de al menos parte de los 63 viveros de marihuana encontrados en la comunidad de Lagunillas, a 25 kilómetros de Llallagua.
“Se encontraron 63 viveros, cada uno de 20 por 40 metros. De esos, 20 estaban en proceso de cosecha y 43 en plena producción. Fue en una zona árida, pero equipada con sistemas de riego y calor”, detalló Ríos.
Durante el operativo, la Policía incineró 14 toneladas con 448 kilogramos de marihuana, lo que representa una afectación económica aproximada de 2,1 millones de dólares.
Posibles nexos con el trópico de Cochabamba y extranjeros
Ríos también explicó que se investigan posibles vínculos de los implicados con el trópico de Cochabamba, además de la presunta participación de ciudadanos extranjeros en esta red delictiva. “Es una vinculación que vamos a establecer”, remarcó.
Las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de desarticular completamente esta estructura criminal y determinar responsabilidades en el financiamiento de movilizaciones violentas.