El exministro de Gobierno, condenado por lavado de dinero, permanece bajo custodia migratoria en Miami mientras intenta evitar su deportación.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, una de las figuras más cercanas al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, intenta evitar su retorno a Bolivia mediante la solicitud de asilo político en Estados Unidos, país donde cumplió condena por delitos vinculados a corrupción y lavado de dinero.
Murillo, quien actualmente se encuentra con el estatus de “In ICE custody” (bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), permanece detenido en el centro Krome North SPC de Miami, Florida, a la espera de una resolución sobre su situación migratoria.
Un proceso legal en marcha
El activista y abogado de derechos humanos, Thomas Becker, confirmó que Murillo ya no está en una prisión penal, pero sí bajo detención migratoria, lo que abre la posibilidad de solicitar asilo político como estrategia legal para evitar su deportación inmediata.
“Es un lugar donde esperan hasta que se defina si serán deportados o no. El proceso de asilo puede alargarse por meses o incluso un año, aunque en su caso es difícil que le sea concedido porque ha cometido delitos en EE.UU.”, explicó Becker.
Según las leyes estadounidenses, una persona bajo custodia del ICE puede permanecer en ese estatus hasta por 90 días. Si en ese plazo no se concreta la deportación, puede ser liberada bajo supervisión.
Bolivia evalúa alternativas
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, confirmó que el Gobierno boliviano espera que se concrete la deportación. No obstante, en paralelo se inició un trámite de extradición, en caso de que Murillo logre frenar su salida inmediata.
“Estamos a la espera de que un juez estadounidense verifique su situación jurídica. Podría haber una deportación exprés, pero también puede solicitar asilo o incluso ser enviado a un tercer país”, explicó Condori.
Condenado y señalado por corrupción
Murillo fue arrestado en EE.UU. el 24 de mayo de 2021 y en enero de 2023 fue condenado a 70 meses de prisión, tras declararse culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero y sobornos. La acusación se basó en la compra con sobreprecio de materiales antidisturbios, durante su gestión como ministro de Gobierno en 2019-2020.
Junto a Murillo fueron detenidos Luis Berkman Littman, Bryan Berkman, Sergio Méndez Mendizábal y Philip Lichtenfeld, todos involucrados en el esquema de sobornos.
Durante su proceso judicial, surgieron versiones que indicaban que Murillo habría colaborado con la fiscalía estadounidense a cambio de beneficios, llegando incluso a recibir el estatus de testigo protegido, aunque esto no fue confirmado oficialmente por las autoridades.